El gobierno carga en la dependencia un tercio de los recortes prometidos a Bruselas
El Gobierno presume de recorte multimillonario en la atención a la dependencia en el Programa Nacional de Reformas 2013, el plan de medidas entregado a Bruselas. El ajuste es de tal envergadura que equivale a la partida presupuestaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinada a financiar la ley en 2013: el llamado nivel mínimo que se reparte entre las comunidades autónomas en función del número de personas que atienden y su gravedad.
En las cuentas del Gobierno para este año, la aportación estatal para ayudas a dependientes (el presupuesto inicial del nivel mínimo) asciende a 1.087 millones de euros. En el plan de reformas remitido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a las autoridades europeas, el ahorro que se contempla para 2013 se eleva a 1.108 millones. Es decir, una suma ligeramente superior a la cifra que el Estado estima gastar para ayudar a los beneficiarios de la norma.
El origen de estos cálculos está en la poda que se dio al sistema en julio del año pasado. O, en palabras del Gobierno, a “la profunda reforma del Sistema de Atención a la Dependencia” destinada a “racionalizar y modernizar los servicios prestados garantizando su sostenibilidad”. Para ello se ha aplazado la incorporación de los nuevos beneficiarios, los dependientes moderados, hasta 2015; se ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por las personas que cuidan de un familiar y se han reducido las ayudas que perciben estos cuidadores como mínimo un 15%, que en algunas comunidades es un porcentaje muy superior. Además, se ha incrementado el copago para los beneficiarios de una ayuda y se han eliminado los dos niveles en que se dividía cada grado de dependencia, el grave, severo y leve, una medida que también está llamada al "ahorro", quizá también de la calidad de atención. Antes, el Gobierno ya había hecho desaparecer otra de las partidas con las que ayudaba a las autonomías a financiar la dependencia, el llamado nivel acordado, y que suponía una inyección anual de cerca de 300 millones de euros.
La suma de todos estos tijeretazos permitió al Gobierno, según sus números, recortar en dependencia 599 millones el año pasado. Y las estimaciones del Ejecutivo apuntan a un ahorro de 1.108 millones este año y 571 en 2014.
El documento que refleja el plan de reformas, publicado en la página web de La Moncloa, detalla que este año habrá dos grandes bolsas de ahorro derivadas de varios reales decretos. Por un lado, la relativa al copago –una medida que ya aplican algunas comunidades autónomas- y que permitirá al Gobierno ahorrarse 399 millones porque los ciudadanos tendrán que ponerlos de su bolsillo. Por otro, se aprobarán otras normas dirigidas a incompatibilizar servicios y a penalizar las prestaciones familiares, con lo que se ahorrará 489 millones –en un apéndice final del documento, esta suma se rebaja a 289 millones-. Ambas derivan de las medidas anunciadas en julio de 2012.
La magnitud de las cifras que refleja el documento enviado a Bruselas ha desatado la alarma entre los profesionales de la dependencia. El responsable de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca el impacto que puede tener los 339 millones de ahorro previstos que se asocian con un aumento del copago de los usuarios por el servicio que reciben. “Si el coste de la dependencia en global asciende a unos 6.000 millones de euros anuales y los beneficiarios ya aportan unos 600 millones, un incremento de 339 millones supondrá incrementar la aportación en un 50%, que es una barbaridad”, relata.
Desde que se aprobaron las medidas de recorte de julio de 2012, el número de beneficiarios del sistema de dependencia ha disminuido de 780.543 personas a 756.423 (un 3%) menos. Asociaciones de profesionales y plataformas de dependientes se han cansado de denunciar la situación por la que atraviesa la ley, que califican abiertamente de desmantelamiento. De ello da cuenta no solo la caída de beneficiarios, que ilustra cómo las comunidades autónomas ni siquiera son capaces de incorporar al sistema el mismo número de personas que fallecen. También la enorme bolsa de 224.000 personas a las que se les ha reconocido como dependientes con derecho a prestación y que aún no la perciben.
